Libertad de expresión en China

Los Juegos Olímpicos en China

En febrero y marzo de 2022 se celebrarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Pekín y sus alrededores. Será la segunda vez en la historia que se organizan unas Olimpiadas en China. La primera vez fue en 2008, cuando China acogió los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano. Entonces, el gobierno prometió que las Olimpiadas irían acompañadas de mejoras en materia de derechos humanos en el país. Pero no fue así. De hecho, la situación de los derechos se deterioró y ha seguido empeorando de forma acusada en el último decenio, especialmente desde que Xi Jinping llegó a la presidencia en 2013.

Con la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2022, el gobierno chino pretende mostrar el crecimiento que ha experimentado China desde los Juegos de Verano de 2008. Las autoridades quieren resaltar la condición de superpotencia de China y desviar la atención de la pésima situación de los derechos humanos en el país. Esto constituye un lavado de imagen a través del deporte. 

La comunidad internacional debe aprovechar esta oportunidad para recordar al gobierno chino que el respeto de los derechos humanos es un requisito fundamental que China debe cumplir para ser un líder mundial responsable y que los demás países lo perciban así. No se puede permitir que China utilice las Olimpiadas para lavar la imagen de su historial de derechos humanos. 

El derecho a la libertad de expresión en China

Entre las muchas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades chinas, las que afectan al derecho a la libertad de expresión requieren que se les preste una atención especial en las Olimpiadas de 2022. 

Censura

El gobierno chino ejerce un control férreo sobre lo que la ciudadanía china puede ver del mundo y lo que puede opinar de ello. Mantiene un intenso sistema de censura en Internet y bloquea miles de sitios web y servicios de redes sociales. Los y las periodistas chinos trabajan bajo una estricta censura, los mensajes que se consideran demasiado críticos con el gobierno son rápidamente eliminados por un ejército de censores, y las voces disidentes sufren duros castigos. Entre las comunidades que han sufrido de manera especialmente dura el permanente ataque de China a la libertad de expresión figuran el periodismo ciudadano, el mundo académico, abogados y abogadas de derechos humanos y otras personas defensoras de los derechos humanos, así como las minorías religiosas y étnicas.

Vigilancia

Las tecnologías avanzadas de vigilancia, como la digital, se han convertido en un elemento central del aparato estatal chino en todas las zonas del país. La población china está bajo constante observación —en las megápolis y los pueblecitos, dentro y fuera de Internet—, lo que aumenta y facilita el control gubernamental.

Efecto intimidatorio en China continental y Hong Kong

La omnipresencia y el elevado nivel tecnológico del sistema de vigilancia y censura en China inhibe en gran medida la libertad de expresión en el país. El sistema no se limita a castigar directamente lo que las autoridades chinas consideran inadecuado, también genera un clima de autocensura en el que cada vez más grupos de personas son conscientes de la estrecha vigilancia de los espacios dentro y fuera de Internet que ejercen las autoridades e intentan, por tanto, amoldar sus opiniones para evitar cruzar las “líneas rojas”. Esta adaptación es muy dura e imposible de realizar adecuadamente. Las directrices oficiales sobre los contenidos prohibidos suelen ser muy imprecisas. Ademas, las definiciones de “seguridad nacional” y otros términos similares que las autoridades chinas usan con frecuencia para legitimar la represión de la disidencia son tan indiscriminadamente amplias que carecen de toda claridad o previsibilidad jurídica. El rápido deterioro de la libertad de expresión y otros derechos, en Hong Kong ofrece una crudo ejemplo del mecanismo de la censura de la República Popular China.

Censura más allá de China

El gobierno chino lleva tiempo tratando de imponer gradualmente su censura al mundo. Los y las periodistas extranjeros en China que escriben artículos críticos con las autoridades del país se enfrentan cada vez más a retrasos y denegaciones sistemáticos de la renovación de los visados, e incluso a la expulsión. China continúa rechazando con tozudez las peticiones de la comunidad internacional de acceder sin trabas y con fines de investigación e información a la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang), entre otras, aunque afirma que no se producen violaciones de derechos humanos. Se ha censurado a personas extranjeras que viven fuera de China por pronunciarse sobre la violaciones de derechos humanos en este país. Las empresas tecnológicas chinas que trabajan en el resto del mundo, en cumplimiento de las normas nacionales de censura de su país de origen, bloquean y censuran desde hace tiempo los contenidos considerados “delicados desde el punto de vista político”, incluidas las críticas al gobierno chino.

Garantizar que China sigue las reglas del juego

La libertad de expresión es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta facultad entraña el derecho a decir lo que queremos y pensamos, y a buscar y difundir todo tipo de información, sin consideración de fronteras. También incluye el derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y a expresar estas opiniones en actos pacíficos de protesta. La libertad de expresión está estrechamente vinculada con otros derechos humanos, como el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia. Sin ella, estos derechos no podrían realizarse plenamente.

China suscribe la Declaración Universal de Derechos Humanos y ha incluido el derecho a la libertad de expresión en su Constitución (artículo 35). Además, al presentar su candidatura para organizar las Olimpiadas de Invierno de 2022, las autoridades chinas formularon varias promesas relacionadas con la libertad de expresión. El gobierno señaló que los medios de comunicación que desearan informar sobre los Juegos gozarían de libertad para hacerlo y acceso ilimitado a Internet, y también podrían informar sin problemas sobre los preparativos. Además, garantizó que se establecerían zonas donde poder llevar a cabo protestas durante el evento.

Por ello, en el periodo previo a las Olimpiadas de Invierno de 2022 y durante su transcurso, la comunidad internacional en su conjunto debe instar al gobierno chino a mostrar su compromiso genuino y duradero de proteger mejor de la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y el resto de derechos humanos.

“El gobierno chino señaló que los medios de comunicación gozarían de libertad para informar y acceso ilimitado a Internet. Además, garantizó que se establecerían zonas donde poder llevar a cabo protestas durante el evento.”

Cinco abanderados y abanderadas

Estas Olimpiadas de Invierno invitamos al mundo a homenajear a cinco personas que han sido encarceladas o sufrido otras formas de reclusión, o han desaparecido por ejercer su derecho humano a la libertad de expresión. Las cinco pertenecen a comunidades que han sufrido de manera especialmente dura el permanente ataque de China a la libertad de expresión y los derechos humanos conexos. Por el simple hecho de expresarse pacíficamente y negarse a ceder ante la represión, han demostrado un valor de dimensiones olímpicas. El hecho de que queden en libertad de forma inmediata es importante como primera medida pública para que el gobierno chino ponga de manifiesto adecuadamente su compromiso sincero con una mejor protección de los derechos humanos de toda la población del país, conforme establecen las normas internacionales de derechos humanos y la Carta Olímpica.

Instamos a las autoridades chinas a poner en libertad sin demora a estas cinco personas, y solicitamos a la comunidad internacional que pida sistemáticamente su liberación:

• ZHANG ZHAN: periodista ciudadana, condenada a cuatro años de cárcel por informar sobre la realidad de la COVID-19 en China.
• ILHAM TOHTI: académico uigur, condenado a cadena perpetua por proponer enfoques constructivos para superar la desigualdad de trato de los grupos étnicos de China.
• LI QIAOCHU: defensora de los derechos humanos, detenida por informar sobre actos de tortura cometidos por las autoridades chinas.
• GAO ZHISHENG: abogado y ex preso de conciencia, desaparecido en 2017 poco después de publicar sus memorias de los años en que había estado detenido y había sido torturado por las autoridades chinas.
• RINCHEN TSULTRIM: monje tibetano, condenado a cuatro años y medio de cárcel por expresar sus opiniones políticas en Internet.

Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, ninguna persona debe ser encarcelada únicamente por ejercer la libertad de expresión o cualquier otro derecho humano. En las Olimpiadas de Invierno de Pekín 2022, la comunidad internacional debe insistir en que el gobierno chino empiece a acatar las normas de los derechos humanos. China debe poner en libertad de inmediato a estas cinco personas y poner fin al hostigamiento y persecución de todas aquellas que ejercen sus derechos de manera pacífica.

“ DURANTE ESTAS OLIMPIADAS DE INVIERNO HOMENAJEAMOS A CINCO PERSONAS QUE HAN SIDO ENCARCELADAS O HAN DESAPARECIDO POR EJERCER SU DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CHINA ””

ZHANG ZHAN: El periodismo ciudadano en China y la Covid-19

Zhang Zhan, ex abogada, es una periodista ciudadana que se ha pronunciado activamente sobre política y cuestiones de derechos humanos en China. En febrero de 2020, viajó a Wuhan, por entonces centro del brote de COVID-19 en China. La periodista utilizó plataformas de Internet (como WeChat, Twitter y YouTube) para informar sobre la situación sobre el terreno. Informó de la detención de otros periodistas independientes, así como del acoso a las familias de las víctimas. Zhang Zhan desapareció el 14 de mayo de 2020 en Wuhan y posteriormente se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 kilómetros de distancia. En junio de 2020, Zhang inició una huelga de hambre para protestar y afirmar su inocencia. Sin embargo, su abogado denunció que las autoridades la habían alimentado a la fuerza, y durante tres meses la habían mantenido todo el día con grilletes en las piernas y con las manos atadas. Estos castigos dirigidos a poner fin a la huelga de hambre de Zhang constituyen una violación de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. El 28 de diciembre de 2020, la periodista fue condenada a cuatro años de cárcel acusada de “provocar peleas y crear problemas”.

Zhang Zhan es presa de conciencia, encarcelada únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Desde su traslado a prisión, la periodista ha seguido con su huelga de hambre parcial. Por primera vez en cinco meses, el 2 de agosto de 2021 pudo hablar con su madre, que le pidió encarecidamente que reconsiderase su huelga de hambre parcial. Sin embargo, Zhang Zhan sigue decidida a continuarla para afirmar su inocencia y protestar por su condena, a pesar del grave peligro que esto supone para su salud. Hasta la fecha, todas las peticiones de su familia para verla han sido denegadas sin indicar el motivo. Al no poder acceder a familiares ni a asistencia letrada de su elección, Zhang Zhan continúa en peligro de que las autoridades la sometan a más torturas y malos tratos, especialmente si sigue en huelga de hambre. Debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones. Al informar sobre la realidad de la COVID-19 en China, la periodista no ha hecho sino ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las autoridades intentaron censurar la información sobre el brote del coronavirus desde el principio. Li Wenliang, un médico que intentó alertar contra el virus en diciembre de 2019 fue acallado y castigado inmediatamente por las autoridades por “difundir rumores”. Murió en febrero de 2020 afectado por el propio virus que intentaba detener. Su muerte causó indignación y duelo en todo el país a través de Internet, con peticiones de libertad de expresión y el fin de la censura. Las autoridades bloquearon cientos de combinaciones de palabras clave en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Desde la aparición del brote de COVID-19 en China se han censurado numerosos artículos sobre el virus, y todas las publicaciones, hashtag con lemas delicados y peticiones de libertad de expresión que aparecieron en las redes sociales al respecto han sido borradas o censuradas rápidamente.

Quienes, como Zhang Zhan, se dedican al periodismo ciudadano fueron la principal, si no la única fuente de información de primera mano y sin censura sobre el brote de COVID-19 en China. Al trabajar de manera independiente y ajena a los medios de comunicación controlados por el Estado, las y los periodistas ciudadanos en China siempre ha tenido que medir bien sus pasos. Estos profesionales sufren constante hostigamiento y represión por dar noticias y difundir información censurada por el gobierno.

El estricto control y censura gubernamental del periodismo ciudadano y de otra índole en China sigue sin disminuir. En lo que parece ser un intento de ejercer un mayor control sobre este sector, el gobierno chino promulgó en enero de 2021 una nueva normativa que obliga a todas las cuentas públicas que ofrecen servicios de noticias online a contar con la acreditación de los medios de comunicación formales. Ese mismo mes, el gobierno chino señaló que en el proceso obligatorio de renovación de la acreditación de prensa de los y las periodistas que trabajan en los medios de comunicación autorizados y estatales se debe incluir una evaluación del uso de las redes sociales que hacen estas personas, lo que aumenta el control gubernamental sobre su discurso tanto profesional como privado.

ILHAM TOHTI: La persecución del pueblo uigur y el silenciamiento de la academia

El prestigioso intelectual uigur de China Ilham Tohti era catedrático de Economía en la Universidad Central de las Nacionalidades de Pekín. Trabajó durante dos decenios para potenciar el entendimiento entre el pueblo uigur y la población china de etnia han. Con un rechazo sistemático del separatismo y la violencia, el académico trató de solucionar las diferencias entre estos grupos. Ilham Tohti fue el fundador y director del sitio web bilingüe Uyghur Online, que informaba sobre las violaciones de derechos humanos sufridas no sólo por uigures sino también por personas chinas de etnia han. Las autoridades cerraron el sitio en varias ocasiones, la primera de ellas antes de las Olimpiadas de Pekín 2008. El 15 de enero de 2014, la policía se llevó a Ilham Tohti de su domicilio en Pekín. Durante cinco meses, no se informó ni a su familia ni a sus amistades de su paradero. No se le suministró ningún alimento durante 10 días y tuvo grilletes en los pies, ininterrumpidamente, durante 20 días. A pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó en marzo de 2014 que su reclusión era arbitraria, el 23 de septiembre del mismo año fue condenado a cadena perpetua tras un juicio sin las debidas garantías por el cargo de “separatismo”. Ilham Tohti es preso de conciencia, encarcelado únicamente por ejercer su derecho a la libertad de religión. Ilham Tohti debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. Al expresar su opinión sobre la armonía étnica en China, el académico no ha hecho sino ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las autoridades chinas suelen utilizar el término “separatismo” para suprimir la libertad de expresión. Para el gobierno, cualquier crítica a sus políticas étnicas es un intento de dañar las relaciones étnicas y promover las ideas separatistas. En su trabajo, Ilham Tohti señalaba las políticas del gobierno chino que potenciaban el descontento y las tensiones étnicas, como las políticas que limitan el uso del idioma uigur, restringen drásticamente la capacidad de las personas uigures de practicar su religión, les cierran la posibilidad de encontrar empleo e incentivan la migración de la población de etnia han a la región de Xinjiang. El académico criticaba las políticas opresivas contra el pueblo uigur, pero escribió profusamente sobre la posibilidad de superar la desigualdad de trato entre los grupos étnicos mediante el diálogo y la reconciliación. Se oponía sistemáticamente a la violencia y trabajaba de forma pacífica para tender puentes entre comunidades étnicas de acuerdo con las leyes chinas. 

Desde 2014, la presencia policial en Xinjiang se ha incrementado considerablemente. La región quedó bajo un denso manto de vigilancia que forma parte de la “guerra popular contra el terror” declarada públicamente por China y de las iniciativas conexas de lucha contra el “extremismo religioso”. En 2016 las medidas de vigilancia y control social comenzaron a extenderse rápidamente, y ahora las personas musulmanas de Xinjiang se encuentran entre las poblaciones más intensamente vigiladas del mundo. En 2017, la situación comenzó a tomar un cariz más terrible si cabe. Desde entonces, un gran número de hombres y mujeres uigures y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas de Xinjiang han sido recluidas de forma arbitraria. Cientos de miles de estas personas han sido encarceladas, y cientos de miles más —una cifra que incluso quizás llegue al millón o lo supere— han sido enviadas a campos de internamiento llamados “de reeducación”, donde se las somete a diversas formas de tortura y malos tratos, como el adoctrinamiento político y la asimilación cultural forzada. China continúa rechazando las peticiones de la comunidad internacional para que permita el acceso sin trabas con fines de investigación e información a Xinjiang, aunque afirma que allí no se producen violaciones de derechos humanos.

El sector intelectual, literario y académico continúa siendo uno de los principales objetivos de persecución en Xinjiang, pero la libertad académica está también cada vez más limitada en el resto de China. Un ejemplo reciente de esta situación fue la imposición en abril de 2020 de unas estrictas restricciones a los artículos científicos que buscan el origen de la COVID-19.

LI QIAOCHU: Feminista y activista de los derechos laborales que denuncia actos de tortura

Li Qiaochu es una destacada defensora de los derechos humanos. Lleva mucho tiempo implicada en asuntos relativos a la igualdad de derechos de trabajadores y trabajadoras, mujeres y otros miembros de la sociedad china. La policía acosa frecuentemente a Li Qiaochu por su activismo. Cuando su pareja, el jurista y activista Xu Zhiyong, fue detenido y contó a su abogado que lo habían torturado, Li Qiaochu pidió públicamente su liberación y que recibiera mejor trato. Poco después fue detenida, recluida en régimen de incomunicación durante unos seis meses y acusada oficialmente de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Li Qiaochu está bajo custodia de las autoridades chinas sólo por hablar sobre las violaciones de derechos humanos y denunciarlas, y por su activismo pacífico. China es Estado Parte en la Convención de la ONU contra la Tortura, tiene la obligación de investigar las acusaciones de tortura y debe proteger a las personas que —como Li Qiaochu— denuncian tales actos. En lugar de hacer eso, el gobierno chino acalló a la activista y la mantiene detenida. Li Qiaochu debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones, salvo que haya pruebas auténticas en su contra y sea juzgada de forma imparcial. Al pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos, la activista no ha hecho sino ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Desde que Xi Jinping llegó al poder a finales de 2012, el espacio de los defensores y defensoras de los derechos humanos se va reduciendo rápidamente. Esto ya era evidente cuando el 31 de julio de 2015 se concedió a Pekín la organización de las Olimpiadas de Invierno. Sólo unas semanas antes de que anunciara esta decisión, el gobierno había comenzado la “Represión 709”, denominada así por la fecha en que empezó (9 de julio de 2015). Durante esta oleada de represión, casi 250 profesionales del derecho y activistas fueron interrogados o detenidos por agentes de seguridad del Estado.

Actualmente, China mantiene su implacable persecución de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Estas personas son sometidas de manera sistemática a actos de hostigamiento e intimidación, desaparición forzada y detención arbitraria y en régimen de incomunicación, así como a períodos prolongados de encarcelamiento. La inexistencia de un poder judicial independiente y garantías de juicio justo agrava esas continuas violaciones de derechos humanos. Se actúa con frecuencia contra activistas y defensores y defensoras de los derechos y se los acusa de delitos cuya definición es amplia y está redactada de manera imprecisa, como “subvertir el poder del Estado”, “incitar a la subversión del poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”.

Li Qiaochu es una de las muchas personas que ejerce un activismo pacífico y se encuentran detenidas. Tiene una amplia experiencia de trabajo en diversas cuestiones de justicia social. En invierno de 2017, las autoridades de Pekín desalojaron a grupos de “población de bajos ingresos”, principalmente trabajadores y trabajadoras migrantes, y los echaron de donde se encontraban. Fue la mayor operación de desalojo forzoso que tenía lugar en Pekín desde los preparativos para las Olimpiadas de Verano de 2008. Li Qiaochu trabajó con personas voluntarias para recopilar y difundir información sobre las comunidades más afectadas a fin de ayudar a los trabajadores y trabajadoras migrantes que habían sido expulsados a encontrar nuevos empleos y alojamientos alternativos que pudieran pagar. Li también es feminista y participó activamente en varias campañas nacionales de #MeToo, recopilando información, redactando informes y publicando mensajes en Internet en apoyo del movimiento. Con el brote de COVID-19, Li volvió a trabajar como voluntaria tanto dentro como fuera de Internet para la prevención de la epidemia en comunidades pequeñas.

GAO ZHISHENG: La persecución de los abogados y abogadas de derechos humanos

Gao Zhisheng es uno de los abogados de derechos humanos más reputados de China. El Ministerio de Justicia se refirió a él en 2001 como “uno de los 10 principales profesionales de la abogacía en el país” por su trabajo gratuito en casos de interés público. Sin embargo, el Departamento de Justicia Municipal de Pekín le retiró a finales de 2005 el permiso para ejercer su profesión y suspendió las actividades de su bufete. Estas medidas fueron consecuencia directa de las cartas abiertas que Gao Zhisheng dirigió al gobierno para pedir el fin de la persecución religiosa, incluida la de practicantes de Falun Gong.

En febrero de 2006, el abogado organizó una campaña de huelga de hambre para atraer la atención sobre la persecución de activistas de derechos humanos en China. Poco después del fin de la campaña, las autoridades lo arrestaron. Durante la mayor parte de los 16 años transcurridos desde entonces, Gao Zhisheng ha vivido muy poco tiempo en libertad: cuando no está en paradero desconocido, está encarcelado o bajo arresto domiciliario. A pesar de su difícil situación, Gao Zhisheng siguió pronunciándose sobre la situación de los derechos humanos y criticando al Partido Comunista Chino.

En 2016, Gao Zhisheng publicó el libro autobiográfico Levántate China. 2017, la esperanza de China: Lo que aprendí durante cinco años encarcelado por motivos políticos (en chino). En él, el abogado explicaba detalladamente el trato que recibió bajo custodia entre 2009 y 2014 y cómo era su vida tras quedar en libertad y ser enviado a vivir bajo vigilancia policial permanente. Escribir el libro le sirvió para seguir con su resistencia contra las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen del Partido Comunista Chino. Tras haber publicado sus memorias, desapareció de nuevo el 13 de agosto de 2017. No se sabe exactamente dónde ni en qué estado se encuentra. Dado el trato que se le infligió en prisión y su falta de acceso a representación letrada, corre peligro grave de tortura y otros malos tratos. Gao Zhisheng debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. Al informar sobre las violaciones de derechos humanos y comunicar sus opiniones políticas, solo ejerció su derecho a la libertad de expresión.

Gao Zhisheng, al que un colega calificó como “el abogado más valiente de China”, no es el único duramente perseguido por las autoridades chinas. Desde el 9 de julio de 2015, cerca de 250 activistas y abogados y abogadas de derechos humanos fueron interrogados o detenidos por los agentes de seguridad del Estado en campaña de represión sin precedentes sobre este colectivo, conocida como “Represión 709”. Actualmente, muchas personas que ejercen la abogacía siguen en la cárcel o bajo estricta vigilancia.

RINCHEN TSULTRIM: Conservar la cultura tibetana y expresar opiniones políticas

Rinchen Tsultrim era monje en el monasterio de Nangshig, en la Prefectura Autónoma Tibetana de Aba, en la provincia de Sichuan. Tras una ola de disturbios que hubo en Tíbet en 2008, comenzó a expresar sus opiniones a través de su cuenta de WeChat y de un sitio web personal titulado Escepticismo en Tíbet. En 2018, la oficina de seguridad pública local le advirtió en dos ocasiones que dejara de expresar opiniones críticas con las políticas chinas en Internet. Fue sometido a estrecha vigilancia y su sitio web personal fue clausurado. Rinchen Tsultrim fue detenido en agosto de 2019 y se encuentra recluido en régimen de incomunicación desde entonces. En noviembre de 2020 fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión tras un juicio injusto. Sus familiares no se enteraron de su condena hasta marzo de 2021. En agosto de 2021, el gobierno chino respondió a la preocupación de diversas personas expertas de la ONU, y señaló que Rinchen Tsultrim estaba condenado por “incitar a la secesión” tras haber publicado información en WeChat y que cumplía condena en la prisión. La familia de Rinchen Tsultrim cree que está encarcelado por haber expresado opiniones políticas. Ante su falta de acceso a familiares y a representación letrada, existen profundos motivos de preocupación por la situación y el bienestar del monje. Rinchen Tsultrim debe ser puesto en libertad de inmediato, salvo que haya suficientes pruebas creíbles y admisibles de que ha cometido un delito reconocido internacionalmente y se le garantice un juicio justo.

En China, las personas de etnia tibetana sufren discriminación y restricciones de sus derechos a la libertad de religión, expresión, asociación y reunión pacífica. En las zonas de población tibetana, las minorías étnicas han sido reprimidas y sometidas a duras y amplias restricciones, supuestamente en aplicación de medidas “antiseparatistas”, “antiextremistas” y “antiterroristas”. Las personas tibetanas que se dedican a la religión y la escritura, que participan en manifestaciones y que ejercen el activismo son detenidas periódicamente por sus actividades pacíficas. La entrada y salida de las zonas de población tibetana sigue estando fuertemente restringida, sobre todo para periodistas, personal académico y organizaciones de derechos humanos, lo que dificulta al máximo la labor de investigación y documentación de la situación de los derechos humanos en la región. Al menos 150 personas se han prendido fuego desde febrero de 2009 en estas zonas de China en protesta contra las políticas represivas de las autoridades.

El gobierno pretende asimilar las enseñanzas y prácticas religiosas a la ideología del Estado y reforzar en general su control sobre los grupos religiosos.

Recomendaciones a las autoridades chinas:

Pedimos a las autoridades chinas que retiren todos los cargos contra las personas detenidas o que están siendo procesadas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y las pongan en libertad.

Para empezar, las autoridades deben poner en libertad de inmediato a Zhang Zhan, Ilham Tohti, Li Qiaochu, Gao Zhisheng y Rinchen Tsultrim. Hasta que queden en libertad, las autoridades chinas deben desvelar de inmediato su paradero exacto y garantizar que no son sometidas a tortura u otros malos tratos bajo custodia y que pueden acceder de forma regular y sin limitaciones a sus familiares y a la asistencia letrada de su elección, así como a los servicios médicos que soliciten o necesiten.

Además, pedimos a las autoridades chinas que, de acuerdo con las promesas que formularon en relación con los Juegos Olímpicos:

• Garanticen la plena libertad de los medios de comunicación, con acceso ilimitado a Internet, a los y las periodistas internacionales y chinos en todas las zonas del país antes y durante las Olimpiadas.
• Garanticen que durante las Olimpiadas existen la posibilidad real de celebrar manifestaciones pacíficas y no se castiga a quienes participen en ellas.

Recomendaciones al Comité Olímpico Internacional (COI): 

Amnistía Internacional pide al COI que incorpore plenamente los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos a sus actividades. Pedimos a este organismo que acelere el proceso y adopte de inmediato una estrategia de derechos humanos propia que garantice la inclusión de las partes interesadas e incorpore el principal articulado de su política general de derechos humanos a los documentos clave de los Juegos Olímpicos, como la Carta Olímpica.

El COI no debe esperar a la adopción de su marco estratégico de derechos humanos para empezar a cumplir sus responsabilidades conforme a los Principios Rectores de la ONU. Amnistía Internacional pide urgentemente al COI que actúe con la diligencia debida en materia de derechos humanos y haga públicas sus políticas y prácticas según las normas internacionales para identificar, prevenir, mitigar y abordar de manera oportuna las consecuencias adversas para los derechos humanos en todas sus actividades, relaciones comerciales y cadenas de suministro. Ello debe incluir las medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos con respecto a las Olimpiadas de Invierno de Pekín 2022, tanto en la preparación como en el propio transcurso del evento.

Además, el COI debe insistir en que las autoridades chinas cumplan las promesas que formularon en relación con la libertad de expresión en el marco de los Juegos, incluidos los compromisos relativos a las garantías de libertad de los medios de comunicación antes y durante el ciclo de las Olimpiadas y a la puesta a disposición de zonas donde poder llevar a cabo protestas durante el evento.

El COI debe respetar la libertad de expresión de los y las deportistas y las autoridades deportivas, y abstenerse de intentar disuadir a estas personas de pronunciarse en favor de los derechos humanos o expresar su solidaridad con quienes sufren violaciones de derechos humanos —lo que incluye en ámbitos declarados “delicados” por las autoridades chinas—, por no hablar de penalizarlas si lo hacen. Como mínimo, el COI debe adaptar la aplicación de las directrices sobre las posibilidades ofrecidas a los y las deportistas para expresar su opinión en las Olimpiadas de Tokio 2020 a las Olimpiadas de Invierno de 2022, asegurándose al mismo tiempo de que las medidas que limiten la libertad de expresión sean estrictamente necesarias y legítimas.

Recomendaciones a los Comités Olímpicos Nacionales (CON): 

Los CON deben respetar la voluntad de los y las deportistas y las autoridades deportivas de pronunciarse en favor de los derechos humanos y contra las violaciones de estos en China, y no tratar de ninguna manera de disuadir a estas personas de hacerlo. Además, Amnistía Internacional alienta a los CON a asegurarse de que la totalidad de los y las deportistas y los demás miembros de su delegación nacional para las Olimpiadas de Invierno de Pekín tienen acceso a la información sobre las cuestiones de derechos humanos en China. Amnistía Internacional también alienta a los CON a informar a sus delegaciones nacionales sobre los derechos humanos en el marco de su labor general de orientar y apoyar a los y las deportistas (y las demás personas) en relación con su experiencia olímpica.

Los CON no deben adoptar ninguna medida punitiva contra los y las deportistas o autoridades que se pronuncien sobre las violaciones de derechos humanos en China o en cualquier otro lugar.

Recomendaciones a los demás gobiernos:

Amnistía pide a todas las personas representantes de un Estado o de un gobierno, incluidas las que tienen previsto asistir a los Juegos Olímpicos, que utilicen su influencia ante las autoridades chinas para adoptar medidas urgentes acordes con las recomendaciones anteriores. Instamos a los gobiernos a expresar públicamente, cuando corresponda, sus motivos de preocupación en materia de derechos humanos.

“Los CON deben respetar la voluntad de los y las deportistas y las autoridades deportivas de pronunciarse en favor de los derechos humanos”