Marwan, Jalal, Mustafa, Ibrahim, Ahmed, Adel o Yasser. Son algunos de los nombres de los 37 jóvenes, en su mayoría sudaneses, que fallecieron en la frontera de Melilla con Marruecos el día 24 de junio del pasado año, y de algunos delos 77 que se encuentran desaparecidos desde ese día.
Activistas de Amnistía Internacional han llevado esta mañana siluetas con sus nombres a las puertas de la Embajada de Marruecos en Madrid y del Palacio de la Moncloa para exigir a los gobiernos de ambos países que se citan a partir de hoy en la Reunión de Alto Nivel que, en primer lugar, investiguen lo ocurrido y, en segundo lugar, que se acabe con la politica de “excepcionalidad” fronteriza en Ceuta y Melilla que alienta los abusos contra los derechos humanos e impide, por ejemplo, en la práctica, que las personas puedan pedir asilo sin saltar la valla o sin arriesgarse a perder la vida en el agua, y de esto modo garantizar que una tragedia como la ocurrida en la frontera de Melilla el pasado junio no se repita.
Para esta organización, las políticas de externalización del control migratorio están demostrando tener consecuencias letales. En la frontera sur entre España y Marruecos las personas negras están sufriendo una violencia letal, tortura y otros malos tratos, abusos, devoluciones, traslados forzosos y desapariciones forzadas entre otras atroces violaciones de derechos humanos.
“Exigimos que esta cumbre signifique el principio del fin de la impunidad y el oscurantismo sobre las actuaciones gubernamentales que contribuyeron a que más de 100 personas fallecieran o desaparecieran en apenas unas horas el 24 de junio del año 2022. Las delegaciones de ambos países deben comprometerse a acabar con la política de excepcionalidad de las fronteras en Ceuta y Melilla como espacios sin derechos e impunidad, frenar los malos tratos a las personas migrantes, que se garantice la posibilidad de pedir asilo a las personas de origen subsahariano y que se termine de una vez con las expulsiones colectivas”, reclamó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España frente a La Moncloa.
La organización considera que más de seis meses después, las autoridades españolas y marroquíes han llevado a cabo una política de encubrimiento, sin que se haya iniciado ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional y otras graves vulneraciones de derechos humanos que se cometieron a ambos lados de la frontera. Tampoco se ha tratado a sus familiares con un mínimo de humanidad, ya que no han recibido ningún tipo de información durante estos 6 meses y solo han encontrados obstáculos y un total desinterés tanto por parte de las autoridades españolas como de las marroquíes.
En ese sentido, Amnistía Internacional considera “sorprendente” el archivo de la causa decidido por la Fiscalía española. Si bien reconoce expresamente la necesitad de garantizar la protección internacional a las personas en la frontera sur y la ausencia de vías legales, seguras y efectivas para solicitar asilo, da carpetazo a otras cuestiones de especial gravedad, como son la muerte en territorio español de al menos 23 personas, reconocidas por el propio Gobierno marroquí, y las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y la omisión de socorro a las cientos de personas que permanecieron durante horas en aquel recinto sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria.
“Parece una broma macraba que ante estos hechos tan graves, con imágenes tremendas en las que se muestran personas agonizando en el puesto fronterizo de Barrio Chino y que se saldó con un gran número de personas fallecidas, cientos de heridos y al menos 77 personas desaparecidas, la única recomendación de la Fiscalía General del Estado sea que el Ministerio de Interior abra una investigación interna sobre el lanzamiento de piedras por parte de algunos agentes de la Guardia Civil”, lamentó Beltrán.
“Aún no sabemos ni cuántas personas perdieron la vida ese día ni muchos de sus nombres, pero sí que se usaron gases lacrimógenos en espacios sin salida, que se golpeó a personas que estaban en el suelo, o que se negó la asistencia médica a los heridos durante horas por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Fue una actuación ilegal, cruel y peligrosa”, destacó Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional.
Además, la entidad de derechos humanos considera que la policía española infringió el derecho internacional de asilo al devolver sin garantías a Marruecos a al menos 470 personas, muchas de ellas sin duda merecedoras de asilo, según cifras del Defensor del Pueblo. Posteriormente a su devolución, cientos de personas, incluidos menores de edad, fueron detenidos y trasladados por las autoridades marroquíes, según diferentes testimonios, a lugares situados a cientos de kilómetros, y abandonados a su suerte en carreteras fuera de las ciudades.
Ningún funcionario, marroquí o español, ha comparecido hasta ahora ante la justicia por las violaciones de derechos que provocaron la muerte, la desaparición y las heridas de tantas personas. Si los gobiernos español y marroquí siguen sin tomar ninguna medida al respecto, será necesario una investigación internacional a cargo de Naciones Unidas.
Devoluciones en caliente, Sahara y libertad de expresión
Amnistía Internacional ha informado de que la semana pasada envió una carta al presidente del Gobierno español con peticiones acerca de lo sucedido en Melilla, así como solicitando transparencia y rendición de cuentas sobre los acuerdos España-Marruecos en materia migratoria y el fin de las de la expulsiones sumarias -las conocidas como devoluciones en caliente- en el marco de la próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En el escrito también se señalan graves vulneraciones de los derechos humanos en Marruecos para que sean presentadas a las autoridades marroquíes en la cumbre que comienza hoy en Rabat. En primer lugar, la organización denuncia cómo en los últimos años se ha vuelto cada vez más difícil el acceso de observadores externos al Sáhara Occidental como periodistas o personal de ONG, y, a pesar de las peticiones de numerosas organizaciones, sigue sin incorporarse una labor de vigilancia de derechos humanos a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
En este sentido, las autoridades marroquíes responden con el uso de la fuerza a las manifestaciones pacíficas de personas saharauis, mientras que los y las activistas sufren una constante intimidación y se enfrentan a numerosos procesos penales con una clara intención represiva. Un claro ejemplo de esta práctica es el de Sultana Khaya. Presidenta de la Liga de Defensa de los Derechos Humanos y contra el Saqueo de los Recursos Naturales, Sultana fue detenida junto a su familia durante meses en los que fueron sometidos a tortura y agresiones sexuales. Sultana pudo huir a España donde está siendo tratada por problemas de salud.
Otro caso emblemático de la represión a activistas por los derechos de los saharauis es Mohamed Lamine Haddi, condenado en 2013 a 25 años de prisión en un juicio que Amnistía Internacional calificó de injusto. Desde entonces, ha denunciado cómo los guardias de la prisión le someten a torturas, agresiones verbales, palizas y amenazas de muerte. En abril de 2022 comunicó a su familia que tras un traslado de prisión le habíanencerrado durante días “en una celda del tamaño del cubículo de un retrete”. Lamine ha iniciado varias huelgas de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y por no recibir atención médica adecuada.
Por último, como muestra de la falta de libertad de expresión en Marruecos, Amnistía Internacional ha recordado a Pedro Sánchez las detenciones y condenas al activista de la Asociación Marroquí por la Defensa de los Derechos Humanos (AMDH) Rida Benotmane; a la defensora de los derechos humanos e integrante del colectivo “Femmes Marocaines Contre la Detention Politique” Saida el Alami; a uno de los líderes del movimiento de protesta por la situación en El Rif, Nasser Zefzafi; a la bloguera y activista Fátima Karim; o al periodista independiente Omar Radi.
Amnistía Internacionalha pedido que “estos nombres no sean ignorados durante la cumbre y sean citados en las reuniones que tendrán lugar a partir dehoy, y que sus casos y la situación de los derechos humanos en general dejen de ser invisibles en en el marco de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de España y Marruecos.
