En todo América Latina y el Caribe, la violencia de género está tan generalizada que se considera un problema de salud pública. Los indicios muestran que las trabajadoras sexuales corren un mayor peligro de sufrir violencia a manos de funcionarios del Estado y otras personas. Este informe recopila sólidos indicios que sugieren que las trabajadoras sexuales en República Dominicana son frecuentemente blanco de tortura sexual y otros malos tratos a manos de la policía, como castigo por transgredir las opiniones construidas socialmente sobre la femineidad, la sexualidad aceptable y la identidad y expresión de género. Esto es contrario al derecho tanto constitucional como penal dominicano, y también al derecho internacional de los derechos humanos.
