La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016 no ha generado el impacto esperado en los derechos humanos, debido a su incumplimiento por parte del Estado colombiano. Al contrario, las fallas en la implementación del Acuerdo están poniendo en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente aquellas que defienden los territorios más ricos en recursos naturales del país. El marcado aumento en el número de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas desde 2017 es una prueba de ello.
