El Estado peruano debe derogar la Ley de Protección Policial (Nº 31102) aprobada por el Congreso y publicada el sábado 28 de marzo, por violar el derecho internacional de los derechos humanos y dejar una puerta abierta a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional y las fuerzas armadas, dijo Amnistía Internacional hoy. Mientras esta Ley se mantenga en vigencia, la organización llama a las autoridades judiciales a no aplicarla por ser contraria a los derechos humanos.
“El Estado peruano tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Ante la pandemia del COVID-19, los estados pueden imponer ciertas restricciones a algunos derechos humanos para proteger la salud pública, pero de ninguna manera deben usarla como excusa para promulgar una ley que envía un mensaje de impunidad frente a abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Condenamos enérgicamente las agresiones de estos días hacia la policía y las fuerzas armadas, pero derogar el principio de proporcionalidad constituye una violación a los derechos humanos en el actual estado de emergencia. De no ser derogada continuará violándolos después de la crisis, pues su vigencia se mantendrá en el tiempo. Por ello demandamos un paso atrás”, dijo Marina Navarro Mangado, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
El Estado peruano tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las personas
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la fuerza no debería utilizarse sino en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional, con un propósito legítimo y someterse a un proceso de rendición de cuentas. En Perú, el decreto legislativo 1186 de 2015 contenía este principio de uso proporcional de la fuerza. La Ley Nº 31102, publicada este sábado, pretende derogarlo. Asimismo, la Ley Nº 31102 establece una presunción a favor de la policía sobre la razonabilidad del uso de la fuerza letal, es decir se entiende que el uso de la fuerza por parte de la policía fue razonable hasta que se pruebe lo contrario; entre otras disposiciones preocupantes.
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